El abogado de Podemos Asturies solicita al Tribunal Supremo que no admita los recursos de casación de las defensas de los condenados

Daniel Ripa acudió este martes al Senado, donde el ex presidente del Principado Vicente Álvarez Areces ocupa en la actualidad un escaño del Grupo Socialista, para presentar el recurso judicial de sesenta páginas que el abogado Alberto Suárez, en representación de la formación morada, ha presentado ante el Tribunal Supremo para pedir que no se admitan los recursos de casación de las defensas de las personas condenadas por el ‘caso Marea’ solicitando la nulidad de las escuchas telefónicas. Tras apuntar que el entonces consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, era la mano derecha de Areces, el diputado y secretario general de Podemos Asturies lamentó «que tengamos que venir a la cámara alta para hablar de los dinosaurios que disfrutan de su retiro dorado aquí tras haber dejado una estela de saqueo, desfalco y corrupción los gobiernos en los que estuvieron».

Recordó que «en el ‘caso Marea’, con cerca de diez millones de euros saqueados de las escuelas asturianas, ya hay condena judicial y en el ‘caso El Musel’ estos últimos días hemos sabido que el Tribunal de Cuentas solicita 137 millones de euros a los gestores que Vicente Álvarez Areces puso al frente de la Autoridad Portuaria. ¿Qué piensa el senador Areces al respecto?». El secretario general de la formación morada añadió que el ex presidente asturiano «debe asumir sus responsabilidades políticas».

Daniel Ripa señaló que «la propia sentencia del caso Marea reconocía que Podemos Asturies había sido relevante para conseguir la condena y por eso se concede el pago de las costas». Ahora, aseguró, se va un paso más allá con este recurso ante el Supremo «para intentar evitar que el ‘caso Marea’ quede impune. Si se aceptasen los argumentos de las defensas se podrían suprimir las escuchas telefónicas que implican a Riopedre y se pondría en duda todo el proceso judicial que se ha seguido». Considera que «eso es inadmisible. Los condenados no han entrado en la cárcel y no han pagado aún ni un euro por la condena emitida en el mes de setiembre. Deben entrar en la cárcel y devolver el dinero».

Explicó que «según las defensas, las escuchas telefónicas no estarían justificadas. Nosotros detallamos, a lo largo de casi veinte páginas, punto por punto, por qué creemos que estaban bien hechas, y avaladas judicialmente, esas escuchas que empezaron por Marta Renedo y acabaron por Riopedre porque era un eslabón de la trama». Asimismo, agregó, «creemos que la entrada en el domicilio era absolutamente relevante, porque se encontraron los ordenadores de la empresa del hijo de Riopedre, que estaban en el propio despacho del consejero de Educación, quien salía en las escuchas diciendo que quería pocos trabajos pero bien pagados para su hijo. Eso deja ver claramente que había una trama delictiva en la que se daban contratos públicos a empresas a cambio de favores al hijo del consejero de Educación».

Daniel Ripa se refirió también al recurso presentado por la defensa de María Jesús Otero asegurando que actuaba «por obediencia debida, que ella seguía órdenes. Nosotros venimos a decir que era la ‘consigliere’ que hacía los encargos que le pedía el jefe pero que también hacía encargos suyos, y aludimos al patrimonio que acumuló».