Desde hace más de 70 años, el conflicto entre Israel y Palestina dificulta el desarrollo social y económico de la región e impide la convivencia pacífica, con las continuas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional por parte de Israel.

Los bombardeos sobre la Franja de Gaza se han ido repitiendo en sucesivas operaciones a lo largo de los últimos años con un coste de vidas humanas altísimo y exacerbando la situación durante los últimos años por el bloqueo impuesto por Israel desde 2007. De nuevo, en el pasado mes de mayo, ha tenido lugar la mayor escalada violenta en esa zona desde la guerra de 2014, y en uno de los territorios más densamente poblados del mundo, la franja de Gaza, ya ha costado la vida a más de 230 personas palestinas, más de 60 niños y niñas, y 20 israelíes.

Una escalada violenta que tuvo como detonante las protestas contra los planes de desahucio de seis familias palestinas en Sheij Jarrah (barrio palestino en Jerusalén Este) para que sus casas sean ocupadas por colonos judíos. Esto responde a un plan cuyo objetivo es acabar con la presencia palestina en Jerusalén. En los últimos días hemos visto cómo se ha incrementado progresivamente la violencia.

El viernes 7 de mayo de 2021 estallaron protestas en los alrededores de la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén. La policía israelí entró dentro de la mezquita y disparó material antidisturbios. Esta situación provocó el lanzamiento de proyectiles por milicias palestinas y los bombardeos indiscriminados de Israel sobre la Franja de Gaza que provocaron cientos de personas palestinas muertas, muchas de ellas niñas y niños.

En la actual ofensiva Israel ha prohibido el paso a periodistas a la Franja de Gaza y ha bombardeado las agencias internacionales, buscando eliminar testigos de su masacre.

Además de esta situación, queremos destacar también la injusta detención de Juani Ruiz Sánchez, cooperante española que lleva 35 años viviendo en Palestina, por parte de las autoridades israelíes el pasado 13 de abril, cuando más de 20 soldados israelíes armados irrumpieron en su casa de madrugada, en la localidad cisjordana de Beit Sahour. Esta detención se produce, además, aplicando la legislación y órdenes militares israelíes a los residentes en Cisjordania que, más de cincuenta años después de la ocupación, ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos exigiendo que se apliquen iguales derechos civiles a estas personas que a la población israelí. Juana Ruiz Sánchez es coordinadora de proyectos en la organización sanitaria palestina Health Work Committees (HWC), en la que ha trabajado durante años. Proyectos de esta entidad han sido financiados por la cooperación asturiana, tanto por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo como por ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. HWC ha realizado decenas de proyectos sanitarios y sociales de prevención sanitaria para la población palestina.

El pasado viernes día 21 de mayo se declaraba el alto al fuego. No obstante, Palestina no puede seguir siendo atacada ante el silencio de la comunidad internacional. Es por ello que los grupos parlamentarios firmantes ratificamos nuestro compromiso con los derechos humanos y con el pueblo palestino, exigiendo medidas concretas que obliguen a Israel a respetar la legalidad internacional y los derechos humanos del pueblo palestino. Así mismo:

  • Condenamos la violencia y hacemos un llamamiento inmediato al cese de las hostilidades por todas las partes. Israel debe evitar víctimas civiles. Los ataques indiscriminados contra civiles violan las leyes internacionales.
  • Mostramos nuestra gran preocupación por la situación en la región, y especialmente en Gaza, con más de 230 muertos, 60 de ellos niñas y niños, y con escuelas, hospitales y comercios al borde del colapso.
  • Instamos a Israel a permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza para dar protección a aquellas personas que más lo necesitan.
  • Condenamos los desahucios en Sheij Jarrah de familias palestinas por parte de Israel. La resolución 446 (marzo de 1979) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declara que la creación de asentamientos por parte de Israel en los territorios árabes ocupados desde 1967 no tiene validez legal y constituye un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera en Oriente Medio. Además, exhorta a Israel para que, como potencia ocupante, respete escrupulosamente el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, rescinda sus medidas anteriores y «desista de adoptar medida alguna que ocasione el cambio del estatuto jurídico y la naturaleza geográfica y que afecte apreciablemente la composición demográfica de los territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Jerusalén, y, en particular, que no traslade partes de su propia población civil a los territorios árabes ocupados». Por su parte, la resolución 2334 (diciembre de 2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dice que las actividades de asentamientos de Israel son una violación flagrante del derecho internacional y constituyen un gran obstáculo para conseguir la solución de dos Estados y una paz amplia y duradera.
  • Condenamos la profanación de lugares sagrados, como el complejo de Al Aqsa en Jerusalén, (donde se encuentra la mezquita de Al Aqsa –el tercer lugar más sagrado para el Islam–), y la cúpula de la Roca.
  • Pedimos a las autoridades israelíes que acaten la resolución de la Corte Internacional de Justicia del 9 de julio de 2004 relativa al muro de Cisjordania.
  • Reafirmamos el derecho al retorno de la población palestina de acuerdo con la Resolución 3236 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 22 de noviembre de 1974, que reafirma “el derecho inalienable de los palestinos a regresar a sus hogares y recuperar sus bienes desde donde quiera que se encuentren desplazados y desarraigados” y pide su retorno.
  • Abogamos por la solución de dos Estados para alcanzar la paz y seguridad entre Israel y Palestina, y que se respeten los derechos humanos y el derecho internacional. El diálogo pacífico entre ambas partes es la única solución posible, y la que protege las vidas de palestinos e israelíes. Tanto israelíes como palestinos tienen el derecho a vivir en paz y seguridad, libertad y democracia.
  • Pedimos el compromiso con las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación por parte de los gobiernos y administraciones del Estado español y de la UE. Es necesario mantener el compromiso con la defensa de los derechos de la población palestina desde todos los niveles de la administración pública.
  • Instamos al Gobierno de Asturias a articular ayuda humanitaria de emergencia para dar respuesta a la difícil situación de la población palestina en la Franja de Gaza. Además, pedimos que se realicen todas las gestiones necesarias para garantizar la protección y la seguridad de las personas cooperantes, también asturianas, que están trabajando en distintos proyectos de cooperación en Gaza.
  • Solicitamos la liberación inmediata de Juana Ruiz Sánchez, así como la liberación del resto de personas encarceladas en su misma situación, y la adecuada aplicación de la legislación internacional en materia de derechos humanos y derecho humanitario.