Modultec, creada en 2001, recibió más de 3 millones y medio de subvenciones públicas, fondos europeos gestionados por el IDEPA. En su momento, la empresa se puso como ejemplo por la contratación de mujeres en el sector del metal asturiano. Este miércoles, la diputada Lorena Gil -que compareció en rueda de prensa junto al diputado Enrique López y el representante de los trabajadores Samuel Fernández- denunció el “desmantelamiento programado de una empresa que tenía carga de trabajo”, mediante un ERE que dejó en la calle, primero, a las mujeres.
Lorena Gil: “Nadie entiende que la UE responda antes a la denuncia formulada por las trabajadoras que el consejero Francisco Blanco”
“El Gobierno no va a poder hablar de lucha contra la brecha salarial sin que denunciemos que tolera que empresas como ésta apliquen de forma discriminatoria las sentencias desfavorables, después de haber cobrado ayudas para favorecer la inserción laboral de las mujeres en un sector como el del metal”. Cuando esas contrataciones se produjeron, “se anunció a bombo y platillo en la prensa como una experiencia pionera, pero hoy denunciamos que las mujeres son las más afectadas desde el momento en que se empiezan a producir los despidos”, afirmó la parlamentaria.
El TSJA dictó una sentencia que demostraba que se había cometido discriminación de sexo con los despidos, además de discriminación sindical. En mayo de 2016, un grupo de trabajadoras aportaron documentación que demostraba la existencia de una falsificación de facturas para cobrar subvenciones, una documentación que fue entregada a la Consejería de Industria y Empleo, a Hacienda, y también a la UE. Solo se obtuvo respuesta de la Comisión de Peticiones de la UE, que lo ha trasladado a la Comisión Europea para iniciar una investigación.
Lorena Gil manifestó que “esta empresa reúne todos los elementos de la crónica menos ejemplar de lo que debería haber sido la reconversión industrial en Asturies. Vemos que hubo un trato favorable con ella por parte de la Administración local y autonómica, en la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento de Xixón y también en la otorgación de subvenciones por parte del Principado. Hemos comprobado que hay facturas que fueron supuestamente falsificadas para justificar subvenciones que otorgaba el Principado”.
En ese sentido, recordó que, en uno de esos casos, “la Consejería de Empleo no dio respuesta a esta situación irregular que denuncian los trabajadores y, sin embargo, sí se recibe respuesta desde la Comisión de Peticiones que ha enviado este asunto a la Comisión Europea para iniciar una investigación preliminar”.
Los fondos para la investigación y la innovación en el campo empresarial están concentrados en muy pocas empresas. Desde nuestro grupo lo venimos denunciando desde hace meses. Hay resultados muy cuestionables y “una laxitud preocupante en el control que contrasta con los asfixiantes y burocráticos requisitos que se imponen, por ejemplo, a autónomos y microempresas”, frente a algunas medianas o grandes empresas. “No van a poder seguir hablando de inversión industrial sin que les recordemos el fraude de las subvenciones de quienes más cerca estaban de sus redes clientelares”, sentenció Lorena Gil.
Desde Podemos Asturies consideramos que es hora de que la Consejería de Industria aplique la máxima transparencia a los fondos otorgados desde esa consejería, a través de cualquiera de sus instituciones, sean públicas puras o mixtas, ante la necesidad de “poner freno al selecto club de beneficiarios de grandes subvenciones en esta comunidad que, lejos de aportar valor añadido, dejan en la calle a familias y esquilman los recursos de todos, con los que Asturies debería de haberse convertido -y debería convertirse, aún- en un referente en la investigación y la innovación aplicada a la industria”.
En ese sentido, proponemos la creación de registros públicos de beneficiarios disponibles, con nombres de empresas, lugares, importe, y proyectos; con un seguimiento online de las solicitudes, cumplimiento, pago, y control, así como un seguimiento también de los plazos de compromiso que permita a cualquier persona -sea trabajador, empresa competidora o empresa proveedora- denunciar los abusos y los fraudes que se cometen con los fondos de la Consejería, “que acaban siendo un secreto a voces del que el último en enterarse parece que es siempre el Director general de turno, o el Consejero”.
Por su parte, el representante de los y las trabajadoras, Samuel Fernández, recordó que el primer juicio tendrá lugar el próximo lunes día 20, y pidió al Gobierno asturiano que “no continúe con la pasividad que ha mantenido hasta este momento”.
