Esta comisión de investigación no solo ha demostrado la existencia de irregularidades comunicadas por empleados, sino también represalias derivadas de estas denuncias. A día de hoy, se ha puesto en alerta al Grupo Parlamentario de Podemos Asturies de las presiones sufridas por quienes manejan información clave. El propio Rodríguez Bañuelos -exgerente de GITPA- afirmó haberse querellado contra quien planteó dudas sobre el desarrollo de las obras cercanas a su vivienda en Llanes, pero no dio explicaciones en la comisión más allá de un comentario que nos parece más propio de una película de Berlanga. Igualmente, sugirió que airearía informaciones “en la web que me dé la gana” -palabras textuales-, en clara alusión a la web utilizada para intimidar a trabajadores y funcionarios, denunciada por el Conceyu por Otra Administración Pública.
La exposición y respuestas de Rodríguez Bañuelos dan continuidad a las versiones del Gobierno. La semana pasada escuchábamos a Francisco Blanco, consejero de Empleo e Industria, dudar de “la validez y veracidad de los correos” remitidos a la Junta General anónimamente, mientras que Ana Rosa Migoya repitió el mantra del “nadie me alertó de nada”, “los funcionarios e Intervención dieron su visto bueno a los expedientes de contratación”… Si el exconsejero Graciano Torre afirmó que “la auditoría hecha al GITPA solo sirvió para tirar dinero”, Rodríguez Bañuelos ahondó en las descalificaciones: “si a eso se le puede llamar auditoría”. Por todo ello, consideramos que la conocida como ‘trama del cable’ cada vez tiene más paralelismos con otro caso de supuesta corrupción en el seno de la administración asturiana, como el ‘caso Marea’.
Desde Podemos Asturies, queremos incidir en que Rodríguez Bañuelos trató de deslegitimar los testimonios de los técnicos que denunciaron las irregularidades que están siendo investigadas por posible prevaricación, malversación y falsedad documental. A lo largo de treinta minutos explicó la supuesta “incompetencia” de empleados públicos y de quienes fueron sus subordinados, algo que parece haber descubierto después del inicio de la investigación parlamentaria.
Sin embargo, a la hora de explicar su relación con empresas a las que se adjudicaron contratos fue mucho menos preciso. El exdirector de GITPA no justificó el alto número de contratos menores ni explicó la existencia de claras “orientaciones” para contratar con determinadas empresas. Esto pone en evidencia la utilidad de la “flexibilidad” con la que cuentan entidades públicas como el GITPA, sin control directo por parte del Gobierno. La Administración pagó por kilómetro construido, desentendiéndose de las condiciones reales de adquisición de los derechos de paso. El pliego de adjudicación facilitó el desarrollo de prácticas de dudosa legalidad y que, como se demostró con el tiempo, no ahorraron ni costes a la administración ni tiempos de ejecución a la obra.
Por último, queremos destacar el hecho de que las certificaciones presentadas no se correspondiesen con la obra realmente ejecutada en cada momento no era motivo de preocupación para el exdirector. Parece que el ‘cableado’ siempre resulta “difícil” de controlar y cuantificar, un hecho similar a lo sucedido con el cableado de los telecentros y centros sociales del Principado – en el ‘caso Marea’-, por lo que resulta ser un terreno abonado para ‘engordar’ facturas.
