Estimada Consejera:
Uxo, a 27 de enero de 2016
 
Me resulta sorprendente que dé usted respuesta en prensa a mis críticas al Plan Director de Infraestructuras y Movilidad de Asturies (PIMA), pues he puesto de manifiesto, en reiteradas ocasiones, en sede parlamentaria, la necesidad de mantener un debate profundo que conduzca a su posterior revisión.
Dado el interés que usted manifiesta, me permito remitirle esta carta abierta en la que expongo las razones de nuestra formación para defender tal postura:
De todo el contenido que se destina a la política ferroviaria en el PIMA, es preciso señalar que no importa cuántas páginas se dediquen al transporte ferroviario de cercanías, ni el número de veces que se repitan palabras huecas y frases hechas como “compromiso con la consolidación del sistema ferroviario”, “protagonismo del ferrocarril” o “decidida apuesta por las cercanías”. Lo que cuentan son las políticas desarrolladas y su traducción en prioridades presupuestarias, y los datos demuestran un declive continuo en el transporte público, especialmente el ferroviario, que no deja de perder usuarios.
El transporte ferroviario de media distancia y de cercanías ha sido sistemáticamente marginado tanto por los gobiernos del PSOE como por los del PP, que han concentrado todo el esfuerzo inversor en la alta velocidad, red sobredimensionada con costes financieros y ambientales muy elevados que favorece exclusivamente a las empresas adjudicatarias -envueltas, en ocasiones en, en escándalos de financiación irregular de partidos, como es el caso de la Variante de Pajares-, y con muy escasa rentabilidad social.
Las propuestas contenidas en el PIMA para la mejora de las infraestructuras y servicios ferroviarios –por cierto, sin cuantificar-, no tienen ninguna garantía de financiación, pues las competencias sobre la red ferroviaria son estatales y ningún gobierno al margen del autonómico ha participado en la elaboración de estas medidas y ni siquiera ha dado su conformidad con las mismas. Se trata de un defecto muy común en los planes y programas “integrales” elaborados por el Gobierno de Asturies: suelen asignar de manera unilateral actuaciones a otras administraciones, por lo que su viabilidad es incierta y se convierten automáticamente en papel mojado.
No más esperanzadora es su “decidida apuesta política del Principado en la defensa continua y sin ambigüedades además de por los desplazamientos no motorizados, caminando o en bicicleta”; más allá de algún aparcamiento o algún carril bici aislado vinculado a una obra de urbanización, la Consejería de Infraestructuras no ha desarrollado ningún programa orientado a fomentar el uso de la bicicleta, y las tímidas experiencias en marcha son de impulso municipal.
El PIMA es un documento tecnocrático, con un enfoque funcionalista lleno de modelos matemáticos, matrices origen-destino o algoritmos cuya utilidad es, cuanto menos, muy dudosa. Centra su contenido en las conexiones de Asturies con el resto del Estado y con Europa, en la demanda potencial del AVE y en la problemática de la movilidad en el área central. Pero, más allá de una referencia al programa OPTIBUS en su última página, no dedica ni un solo párrafo a analizar las demandas de transporte público de las áreas rurales y, por supuesto, menos aún a prever actuaciones de mejora.
Para el PIMA, el medio rural no existe. Tal pareciera que la gente que vive en los pueblos tiene cubiertas sus necesidades de movilidad, dado que todos los proyectos e inversiones se focalizan, fundamentalmente, en el área central. En el área central, por otra parte, persisten evidentes contradicciones: mientras se habla, por un lado, de reducir el tráfico rodado a motor, se plantea la construcción de un tercer carril para la “Y”, lo que supone precisamente una política que fomenta lo contrario.
En cuanto a su acción de gobierno durante estos años, acumula usted dos sentencias contrarias por el Plan de Residuos del Principado de Asturies (PERPA) y otra más contra la incineradora. Las organizaciones sociales han interpuesto contra usted varias denuncias ante la Comisión Europea, el Defensor del Pueblo y la extinta Procuradoría General por falta de participación ciudadana y, ante la ausencia de respuesta a las denuncias; recursos y solicitudes de acceso a la información ambiental sin cumplir los principios básicos de respuesta a las partes, lo que supone una vulneración continuada de la Ley de Acceso a la Información Ambiental.
A ello hay que sumar el fracaso de sus políticas en materia medioambiental – el aire asturiano es uno de los de peor calidad del Estado–, en materia de residuos –con unos valores de reciclaje en torno al 12%, a la cola del Estado-, o las numerosas promesas incumplidas, como la revisión de las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio y las Directrices Subregionales de Ordenación del área Central de Asturies, contenidas en el programa electoral del PSOE en el año 2007. Ambas siguen, nueve años después, en su fase inicial, tal y como usted reconoció en su comparecencia de gobierno.
El PIMA debe ser revisado. Asturies necesita sustituir la actual política en materia de infraestructuras, que prima la movilidad, es decir, la satisfacción de una demanda de desplazamiento siempre insatisfecha mediante la construcción de infraestructuras cada vez más grandes, por un nuevo enfoque, basado en la accesibilidad, esto es, la garantía del acceso cotidiano al trabajo, los equipamientos y servicios reduciendo la necesidad de desplazarse, acercándolos a la gente, favoreciendo la proximidad, mediante medidas de política territorial que detengan la actual dispersión de las actividades y promuevan ciudades compactas, dotadas de usos diversos y cohesionadas. Con transporte público accesible y competitivo en relación con el automóvil, para detener la actual sangría de usuarios, no sólo en el área central, sino también en las villas y pueblos asturianos.
Espero comprenda con estas líneas que nuestros recelos hacia el PIMA son fruto del estudio atento y detallado no solo del plan, sino de los últimos años de su acción de gobierno, con la que discrepamos profundamente.
Para impulsar el cambio necesario en las políticas de Infraestructuras y Ordenación del Territorio hace falta credibilidad política, y sus antecedentes de incumplimientos recurrentes, incapacidad, opacidad y negación de la participación ciudadana dificultan enormemente que pueda asumir ese liderazgo.
 
Atentamente,
Héctor Piernavieja Cachero
