La diputada Lorena Gil, que este lunes ha asistido a la jornada sobre Economía Social organizada por ASATA en FIDMA, ha reclamado la defensa de un papel activo por parte de la Administración Pública a la hora de promocionar comportamientos económicos responsables y sostenibles.

La diputada Lorena Gil ha recordado este lunes que el grupo parlamentario de Podemos Asturies, único presente en el Día de la Economía Social que ASATA (Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social) celebraba en la 60ª Feria Internacional de Muestras de Asturies, impulsó el pasado mes de abril en la Xunta Xeneral una Proposición no de Ley sobre compra y contratación pública responsable que fue aprobada con el voto en contra del PSOE y la abstención de Foro y PP.

La iniciativa fue presentada de la mano de ASATA (Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social), Adeipa Asturias (Asociación de Empresas de Inserción del Principado de Asturias), Amespa Asturias (Asociación de Mujeres Empresarias de Economía Social) y AFAS Asturias (Asociaciones Federadas de Autónomos de Asturias).

“Instamos al Gobierno a través de esta PNL a que legisle de forma responsable y eficiente la contratación pública en Asturies. La iniciativa supone una oportunidad de convertir nuestra Comunidad Autónoma en un modelo de eficiencia y sostenibilidad empresarial”, ha subrayado Lorena Gil, ya que la iniciativa implica que en 2017 la mitad de las licitaciones públicas del Principado deberían incluir cláusulas sociales, y en 2018 deberían incluirlas todas.

Y ha recordado que, primando a las empresas que se comporten de forma responsable en relación a derechos laborales, de consumidores, medioambiente y fiscalidad, “se consigue un modelo más social” en la forma de contratar y comprar de las administraciones, “fomentando prácticas ejemplares en el tejido empresarial y beneficiando a trabajadores, consumidores, contribuyentes, pymes y autónomos”.

Para ello, la Administración puede usar su volumen de gasto (entre el 15% y el 20% del PIB) para imponer cláusulas sociales a las empresas contratadas u optar por proveedores que cumplan con criterios que respeten los derechos laborales, la estabilidad en el empleo, los salarios dignos, las políticas de inclusión laboral de determinados colectivos, la ausencia de prácticas de corrupción, la transparencia en la gestión, el cumplimiento de la normativa de crédito comercial con autónomos y pymes, o la consideración de la huella ecológica en todas las actuaciones organizativas y productivas; en definitiva, criterios que van mucho más allá del precio.

Ha criticado que la Administración mantenga acuerdos comerciales o contrate «con entidades que explotan a sus trabajadores, que tengan malas condiciones laborales, que practiquen fraudes en el consumo o la evasión fiscal». El Gobierno debe contribuir a «cambiar el mercado y favorecer prácticas responsables y de empleo digno».

A la jornada organizada por ASATA también asistieron los concejales de Xixón Sí Puede Nuria Rodríguez y de Somos Uviéu Rubén Rosón. Este último subrayó que “la economía social es una herramienta indispensable para alcanzar uno de los retos que tenemos por delante: salir de la crisis, pero no solo las grandes fortunas y multinacionales que ya están ganando en esta crisis que han generado, sino todo el conjunto de la población”.

Para el concejal de Somos Uviéu, la economía social “es una herramienta de progreso que toda institución pública debe fomentar y una prioridad para el Ayuntamiento de Uviéu”. En ese sentido, ha recordado que “mientras que en 24 años la capital asturiana no hizo nada para fomentar este tipo de economía que ayuda a las personas más necesitadas, en este año hemos trabajado de la mano de ASATA para implantar un plan de fomento de la economía social, que ayudará con más de un millón de euros a crear cooperativas en la ciudad, a contratar socios trabajadores en las cooperativas ya creadas y que, en definitiva, tendrá un carácter dinamizador de la economía social de la ciudad”.