El canon pactado para el tramo entre A Veiga y Cuideiru compromete el presupuesto del Principado a futuro

Podemos Asturies ha solicitado al Gobierno de Rajoy el expediente administrativo íntegro y el informe jurídico que propició el ‘Documento de cesión de derechos de ocupación sobre los terrenos de dominio público ferroviario’, en los que se ha construido la troncal de Occidente, suscrito entre FEVE y la subcontrata que realizó la obra, Comfica.

Así lo han anunciado este miércoles, en rueda de prensa, el diputado de Podemos en el Congreso, Segundo González, y la diputada en la Xunta Xeneral, Lorena Gil Álvarez, quienes han advertido que ante la “inoperancia” del Gobierno de Javier Fernández en este asunto, “nos vemos en la obligación de solicitar esta información al Gobierno del Estado”. Y han anunciado que de no existir esa documentación, llevarán el asunto a la Abogacía y a la Intervención General del Estado para que emitan un informe sobre el acuerdo.

González ha justificado la solicitud de esta documentación asegurando que “no nos podemos resignar a considerar como normal que salten constantemente a la luz casos de negligencia en las empresas públicas, mientras año tras año se reduce la inversión en esas compañías encargadas de dar el servicio.” Una situación que lo degrada y al final empuja a su privatización”.

Lorena Gil Álvarez, ha recordado que en el año 2014 se descubre que, “de modo irregular”, si bien el Principado de Asturias ha pagado la totalidad de la obra construida, y la empresa pública GITPA ha gastado el 100% del dinero que el Principado le abonó para esa construcción, “se ha comprometido el Presupuesto del Principado de Asturias a futuro”.

Dicho ‘Documento de cesión de derechos de ocupación sobre los terrenos de dominio público ferroviario’, de apenas 3 páginas, firmado por Ignacio González Arrate en representación de FEVE, y en el que “no figura ningún sello de registro de salida de la empresa ferroviaria, ni de entrada en el Principado”, se describe como carta de pago de 1.740.000 euros en concepto de canon compensatorio por la ocupación de los terrenos de dominio público ferroviario en los que se ha construido la troncal de Occidente, y tan sólo durante los primeros 15 años. Se recoge, además, en dicho documento que se pone a disposición de FEVE un cable de 48 fibras ópticas. “Nada de ello estaba previsto por el Principado de Asturias en su encomienda de gestión o en el contrato de GITPA, es decir, en las normas aprobadas para construir la troncal de Occidente” ha recalcado Gil Álvarez.

Lorena Gil y Segundo González en rueda de prensa en la Xunta Xeneral. -Foto: Iván G. Fernández

En este sentido, la diputada ha recalcado que existen convenios previos entre el Principado y los operadores ferroviarios que contenían fórmulas mediante las que los terrenos se aportaban de manera gratuita –como los Protocolos y convenios marco que el Principado firma con FEVE y RENFE en el año 1998-, por lo que “no podemos entender cómo una subcontrata compromete al Principado incorporando obligaciones económicas, y más grave e incomprensible aún, sin que los órganos del Principado competentes tengan conocimiento de ello ni haya sido autorizado en ningún acto posterior. Tampoco entendemos por qué asume el pago del canon el Principado cuando en el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas los posibles cánones van de cuenta del adjudicatario.”

Además, la diputada de Podemos Asturies en la Xunta Xeneral ha cuestionado el método de cálculo para esa cantidad, “pues parece que no se ajusta a ninguna de las normas de aplicación”. Para Segundo González, en el proceso administrativo que dio lugar a este canon “desde luego, todo apunta a que puede haber alguna negligencia grave”.

Así, Lorena Gil se pregunta si el Principado espera tener que invertir más dinero del contribuyente en la troncal de Occidente en el año 2025, una vez transcurridos los 15 años sobre los que es aplicable, según este acuerdo, el canon. “¿Se produjo la aceptación formal del Principado de ese documento de cesión? ¿Por qué no se ha aportado a la Comisión de Investigación del GITPA, constituida en la Xunta Xeneral, ninguna prueba en este sentido?”, ha apuntado. En esa línea, la representante de la formación morada ha indicado que hasta la fecha “no tenemos constancia de que el propio Principado de Asturias haya realizado un análisis jurídico de ese documento”. “Dudamos claramente de la legalidad del procedimiento seguido”, ha asegurado.

Finalmente, se ha preguntado: “¿Conocen algún caso en el que el Principado haya construido – edificios u otro tipo de infraestructura – sobre terrenos sujetos a una renta vitalicia? ¿No sería aberrante que al cabo de un tiempo descubriéramos que una escuela, un centro de salud… están construidos sobre terrenos por los que una empresa privada o un particular reclaman un alquiler? ¿Hay alguna diferencia entre que la Administración tenga un alquiler de un inmueble de modo indefinido o que sea la dueña de un inmueble que ya ha pagado totalmente?”, ha puntualizado.