Andrés Fernández Vilanova ha registrado hoy en la Xunta Xeneral una pregunta dirigida al Gobierno asturiano acerca del proyecto para construir un crematorio en Cangas del Narcea. El parlamentario por la circunscripción occidental asegura que «vamos a requerir un posicionamiento claro de la Administración autonómica antes de que acabe el plazo de alegaciones, mediante pregunta que vamos a sustanciar en pleno o en comisión del Parlamento asturiano, porque este proyecto supone un riesgo para la salud, para la calidad de vida y para la actividad económica de toda la comarca, ya que afectaría al hospital de Cangas».

El diputado de Podemos Asturies considera «indignante un proyecto de crematorio en un lugar donde resultaría nocivo para el concejo y para todo el Occidente, porque hablamos de unas instalaciones que se caracterizan por emitir sustancias que está demostrado que tienen efectos perjudiciales para la salud causados por dioxinas y metales pesados, como es el mercurio de las amalgamas dentales». A ello, explica, se suma que «la legislación europea no obliga a disponer de filtros para retirar metales pesados. En España, de 180 crematorios que había en 2014 sólo dos disponían de este tipo de filtros. Es por eso que deben estar siempre a una distancia prudencial de núcleos habitados y, por supuesto, de determinado tipo de servicios y de explotaciones agrarias».

Así las cosas, advierte, «este proyecto incumple cualquier principio de precaución, porque estaría cercano a núcleos de vivienda, a varios establecimientos hosteleros, a numerosas plantaciones de viña de la DOP Vino de Cangas y a otras explotaciones agrarias, cerca del recinto ferial de La Imera, al paso del río Naviego, cerca del CRA Río Narcea y del hospital de Cangas del Narcea». Considera que «sólo por esto ya es evidente que la ubicación no es la adecuada. Pero además el proyecto ni siquiera cuenta con los estudios de dispersión de emisiones en aire o en corrientes de agua».

Andrés Vilanova señala que «lo que resulta más sorprendente es que sólo sea la movilización vecinal, la sociedad civil, la que esté denunciando esta situación, cuando tanto la Administración municipal como la autonómica podrían intervenir para poner freno a este despropósito y plantear una ubicación alternativa. La que debería actuar principalmente es la Consejería de Sanidad y Consumo, porque este proyecto incumple el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, al tratarse de un anexo funerario a menos de quinientos metros de viviendas, cuando el decreto dice que tiene que estar a más».